Los agresores en el Ayuntamiento de Lorca, los concejales: «Os matamos, vagos»

Pedro Sosa es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca. Define el ataque del lunes al salón donde se iba a celebrar un pleno como «una estampida de búfalos». La agenda era aprobar una modificación del plan urbanístico para regular la construcción y ampliación de granjas porcinas. Unos 30 manifestantes, entre ellos algunos campesinos, invadieron alrededor de las 10:45 horas y desbordaron el cordón policial que protegía el edificio del Ayuntamiento, que en ese momento albergaba a unas 200 personas repartidas en cuatro plantas, algunas de ellas dedicadas a albergar cursos para desempleados. Los atacantes estaban en las puertas de la habitación. Insultaron y gritaron a los regidores: “Los vamos a matar. Eres un vago. No hay derecho.” El pleno, previsto para las diez de la mañana, pero que se había aplazado porque el alcalde se reunía con unos campesinos, no se celebró.

El comisario Sosa trabaja en un matadero y conoce de primera mano el sector ganadero. Trató de apaciguar a los atacantes. Preguntó cuál era el motivo de la protesta. Lo que consideraban no estaba bien. No tuvo respuesta, dice: “No sabían lo que pedían, había un estado de confusión tremendo”.

Para su compañera de partido, Gloria Martín, una de las claves de este episodio violento es que algunos de los participantes no eran porcicultores, sino “militantes violentos del partido” que pusieron fin al asunto. Según la Cadena SER, entre las personas que saltaron el cordón policial se encuentra un conocido quesero artesanal de Lorca, Pedro Giner, cuyo sector no se ve afectado por la nueva normativa. El empresario aseguró a la emisora ​​que participó en la llamada «desinformada» y mostró remordimiento por los hechos.

Incluso el concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, el socialista José Luis Ruiz, atribuye la virulencia de la protesta a un clima de “manipulación informativa” por parte del PP, en particular, y en menor medida, de Vox, que “ha se ha agregado “. la carreta “y los dos partidos” ahora se disputan el voto rural”. No encuentra otra explicación a tan virulenta respuesta a las normas que se acordaron con los campesinos en junio de 2020 para reunir las condiciones para construir y ampliar fincas entre cascos urbanos de la ciudad y sus barrios Para su entrada en vigor, el Ayuntamiento solicitó los dictámenes necesarios a una decena de entidades nacionales y autonómicas, todas las cuales dieron su visto bueno y aprovecharon para recordar la legislación vigente en sus respectivas áreas.

Para el portavoz municipal del PP, Fulgencio Gil, esta normativa adicional es la clave con la que los agricultores se “sentían estafados”, por no haber sido informados. En su opinión, el gobierno local ha desbordado sus funciones para exigir este tipo de informes, ya que no hay necesidad de un cambio urbanístico tan masivo. “A medida que el gobierno de la ciudad iba solicitando informes, los técnicos empezaron a solicitar requisitos no legales, como estudios de impacto de tránsito o estudios paisajísticos en la construcción de un fraccionamiento”, cuenta Gil. “Esto no está en la propia normativa urbanística, pero al técnico le piden un informe, lo hace y lo inserta”.

El portavoz municipal del PP reconoce que él mismo participó en una reunión con los agricultores el pasado viernes y que le había hecho llegar el texto íntegro de la moción que está a punto de aprobarse. «De 32 páginas, cuando el contrato de 2020 eran solo siete». Y, además, que él y otros miembros de su partido participaron en la manifestación previa a la revuelta, “como en todas las convocatorias del sector ganadero”. En todo caso, subrayó, el partido solicitó la movilización o se tergiversó la información brindada a los manifestantes. «Niego rotundamente cualquier manipulación, las organizaciones campesinas conocen muy bien el acuerdo que votarían y lo que motivó su indignación es el cambio legislativo propuesto, que no es el adoptado en 2020».

El presidente de la Comunidad Autónoma y del PP murciano, Fernando López Miras, condenó este martes los hechos violentos, a los que mostró su «absoluta negativa», y pidió que se reanuden las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo con los agricultores.

Para PSOE, IU y Ciudadanos, la politización de este problema es clara. El teniente de alcalde, Francisco Morales (Cs), habla incluso de utilizar la «palabra pública» el domingo antes del pleno, animando a los agricultores a salir a la calle en una situación que considera «inusual», ya que coincidieron tanto el PP como Vox. en 2020 para cambiar la regla.

Lo único que ahora parecen tener en común los grupos municipales es la «fuerte condena» a la agresión en el pleno, que definen como «injustificable», «vergonzosa» y un ataque directo a las instituciones democráticas.

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