La investigación interna de BBVA concluye que 11 ejecutivos participaron en la contratación de Villarejo

BBVA presentó ante la Audiencia Nacional el informe final de la investigación interna sobre las presuntas irregularidades en la labor desarrollada por el comisario José Manuel Villarejo para la entidad financiera entre 2004 y 2017, y por la que el policía jubilado se embolsó 10,3 millones de euros. El documento, elaborado por la consultora PwC y al que tuvo acceso EL PAÍS, concluye que al menos 11 ejecutivos -nueve de los cuales ya han sido imputados por el juez Manuel García-Castellón- participaron en la firma de contratos, validación de servicios y pagos. en la empresa Cenyt, epicentro del tejido empresarial del presunto jefe de la red policial. Tres de los nominados continúan trabajando en el banco.

Además del exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, el entonces titular de Recursos Humanos, Ángel Cano, quien posteriormente fue nombrado Consejero Delegado de BBVA; el director de finanzas, Javier Malagón; el jefe del departamento de contabilidad, Ricardo Gómez; y Antonio Béjar, responsable del Área de Riesgos en España y colaborador en el sistema judicial. En esta pieza del macroresum del Cas Villarejo, hay una veintena de acusados, entre ellos el propio Villarejo, el expresidente González y BBVA como persona jurídica. Las víctimas de este espionaje ilegal incluyen periodistas, empresarios y políticos.

El informe entregado este viernes por la entidad financiera al juez García-Castelló complementa dos informes anteriores de la investigación interna que BBVA incorporó al caso en julio y diciembre de 2019. «En este informe, PwC consolida y desarrolla los dos informes anteriores, aumentando su conclusiones finales ”, destaca la carta bancaria adjunta. En 102 páginas, el documento analiza siete contratos firmados, entre diciembre de 2004 y junio de 2016, entre la entidad y la empresa Villarejo bajo conceptos genéricos como “servicios de análisis de información” o “análisis general y seguimiento de seguridad ambiental”. El informe concluye que en todos ellos existieron numerosas irregularidades que vulneran tanto los procedimientos internos de negociación de BBVA como, en el caso de algunos directivos, los códigos de conducta relativos a la adquisición de bienes y servicios.

El documento se centra en el exdirector de seguridad del banco, Julio Corrochano, quien se identifica como la persona que firmó cinco de los siete contratos analizados, además de verificar, junto con otros ejecutivos, la mayoría de ellos. Corrochano, quien ocupó altos cargos en la Policía del Estado durante su mandato como comisionada, también es conocida como quien autorizó el pago de cuatro de estos contratos. Junto a él, la investigación señala a Ignacio Pérez Caballero, entonces director del Departamento de Riesgos del Banco, como el otro que firmó al menos un contrato con las empresas de Villarejo. Pérez Caballero también aparece como verificador de los trabajos de un proyecto. En este último artículo, el informe también menciona a Cano, Béjar, el director de Riesgos del Grupo BBVA, Manuel Castro, y dos agentes de seguridad, Nazario Campos y Laura Crespo. Los dos últimos siguen trabajando en el banco, confirmó la institución. Crespo es una de las 11 personas identificadas por el hecho que no está imputada en el caso.

Finalmente, como responsables de autorizar los pagos, el documento menciona, además de Corrochano y Pérez Caballero, también Cano, Bejar y Castro. Junto a ellos, el informe identifica a cuatro ejecutivos más con esta función: Ricardo Gómez, la contadora Beatriz Aguiriano, e Inés Díaz Ochagavía, actual jefa de seguridad del banco. Díaz Ochagavía presentó una carta en julio de 2020 cuestionando las conclusiones de uno de los informes preliminares de PwC, alegando que era el responsable de verificar y pagar 20 facturas a la empresa Villarejo por un valor total de 1,36 millones de euros.