La entrada del Estado en Telefónica no es una excepción: Francia, Alemania o Italia también participan en grandes 'telecos'



El Estado volverá a Telefónica 26 años después de su salida. Así lo anunció este martes tras el cierre de la Bolsa el Gobierno, en una operación aprobada horas antes en el Consejo de Ministros. El desembarco de capital público en una multinacional de las telecomunicaciones no es una excepción en Europa. Francia, Alemania o Italia, entre otros países, participan en un sector considerado estratégico por su importancia en las comunicaciones o por su vinculación habitual con la defensa.

El caso español era, hasta el momento, casi como una excepción entre las grandes economías europeas. El Gobierno de Aznar decidió a finales de los noventa culminar una privatización iniciada por el Ejecutivo de González y que dejaba al Estado fuera del capital de Telefónica tras haber sido uno de los últimos monopolios estatales que existieron en España. Desde entonces, nunca se puso sobre la mesa la entrada de capital público.

Sin embargo, esta no es la norma en Europa. Por poner un ejemplo muy cercano también para el mercado español, Orange es una compañía multinacional de telecomunicaciones participada por el Estado francés. De hecho, antes del movimiento del Estado español en Telefónica, la fusión de Orange y MásMóvil iba a dar como resultado que la primera ‘teleco’ en España en algunos negocios fuera participada por el estado francés, sin que el sector público español tuviera ningún interés económico.

En concreto, el Estado francés cuenta con casi el 23% del capital de Orange, como herencia de la antigua France Télécom, que cambió su nombre por el de Orange hace una década. Esta participación se reparte por dos vías. Por un lado está el Estado de manera directa y por otro lado BPIFrance, un banco público de inversión que sucedió a distintos fondos de participación del país vecino en empresas. La participación estatal en Orange tiene una valoración del entorno de los 6.400 millones de euros.

La situación es similar en Alemania. Deutsche Telekom, la principal compañía del país y que compite precisamente con Telefónica Deutschland, está participada por el Estado. Al igual que ocurre con Orange en Francia, Alemania participa en esta teleco por dos vías. Por un lado y de manera directa, el Estado tiene el 13,8% del capital del grupo. Por otro, el banco de desarrollo público KfW, que se financia con los presupuestos alemanes, cuenta con otro 16,6%. De este modo, el 30,4% de Deutsche Telekom tiene participación pública, valorada a precios de mercado en casi 33.000 millones de euros.

La tónica se repite también en Italia. El Estado transalpino es propietario del 9,8% de TIM, la antigua teleco estatal. Esta participación esta valorada en unos 563 millones de euros. Pero además, el Gobierno italiano anunció en verano la entrada en la sociedad que gestiona la red fija de Telecom Italia con una participación de hasta el 20%, lo que correspondería a unos 2.200 millones de euros, según informó el Ejecutivo entonces.

En Europa se encuentran otros ejemplos, como Suiza, propietaria del 51% de Swisscom, valorada en unos 13.000 millones de euros. En Austria, el Estado tiene el 28,4% del capital de Telekom Austria. En Bélgica, el estado es propietario de casi el 54% de Proximus, la antigua Belgacom. Su participación se valora en unos 1.500 millones de euros.

Un poco más al norte, en los países nórdicos, la dinámica continúa. En Suecia, por ejemplo, el Estado sueco tiene el 40% de Telia, lo que supone unos 3.600 millones de euros. Telenor, la ‘teleco’ noruega, está en un 54% en manos del Ministerio de Industria y Comercio del país, una participación valorada en unos 7.300 millones de euros. Finlandia, por su parte, tiene el 10% de Elisa OYJ a través de Solidium, un fondo de inversión estatal. Su participación vale unos 600 millones.



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